El presente artículo trata de reflejar brevemente de qué forma en el Perú, a pesar que la Constitución del país defiende la vida de la persona humana desde su concepción, los diferentes poderes del Estado son indolentes y hasta proclives a permitir el avance del aborto. Fue publicado de manera editada por cuestiones de espacio en el diario Expreso el 3 de enero.

El Estado no sólo tiene la obligación de regirse por la Constitución sino tiene que vigilar para que el espíritu de justicia, igualdad y solidaridad que la animan se cumpla. De tal manera que el Estado está llamado a velar por todos los peruanos, pero en especial por los más débiles y frágiles.

Y ¿quién puede dudar de la fragilidad del niño concebido en el vientre de su madre? Nuestra misma Constitución señala que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. A lo que se suma una reciente setencia del Tribunal Constitucional que determina con claridad que la vida de una persona, la de un peruano, se inicia y es sujeto de derecho desde el mismo momento de la concepción, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, y aparece un ser humano con un ADN totalmente único.

Por eso llama la atención que la propuesta del Plan de Derechos Humanos no mencione cuándo se inician estos derechos en la vida de cada peruano según la Constitución, ni la necesidad de promover la defensa de la vida del concebido.

Del Ministerio de Justicia que ha realizado dicho Plan, igualmente podemos pasar a otros Ministerios. Por ejemplo,  ¿alguien recuerda alguna campaña del Ministerio de la Mujer o el de Salud diciéndole “No al aborto”? Si hacemos memoria sólo recordaremos, en la misma línea, campañas en contra de “embarazos no deseados”, “derechos sexuales y reproductivos” y pronunciamientos para impulsar un protocolo del aborto terapéutico.

Se podría aducir que las campañas a favor de la salud materno infantil es equivalente a  defender la vida del concebido. No es cierto, pues eso es sería confundir el derecho a la salud con el derecho a la vida. Esta diferencia se expresa en plantear que niños en el vientre de su madre con enfermedades congénitas sean eliminados bajo la denominación de aborto eugenésico.

Si además pasáramos a la Defensoría del Pueblo, que precisamente según la Constitución tiene la función de “defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad”, encontraremos no sólo un silencio al respecto, sino una carta al Congreso el año 2009 señalando la necesidad de legalizar el aborto bajo ciertas circunstancias.

Un párrafo aparte lo constituyen los servicios de fertilización asistida, a través de los cuales, sin negar la legítima aspiración de las parejas de ser padres, la legislación  no deja claro cuál es el destino final de los peruanos, las personas humanas en estado embrionario, que no van a ser implantados en el útero de su madre. ¿Serán destinados a un limbo perpetuo de congelación? ¿Serán desechados al cabo de un tiempo? ¿Quedará su vida o muerte en manos de terceros? Sin mencionar, la existencia de una técnica anexa llamada Diagnóstico Genético Pre implantacional que criba los embriones con problemas genéticos de los que no. Pregunta sobre esta técnica: ¿implantarán al que tiene presenta síndrome de Down? ¿Tendrá el derecho a nacer como uno sano?

[pullquote]Por otro lado, nadie podría no haber percibido las agresiones y esfuerzos por insensibilizar la dignidad y el derecho a la vida del concebido y sobre la cual los poderes del Estado parecen indiferentes: difusión de avisos que “solucionan atrasos menstruales”, venta en internet de “pastillas abortivas”, hasta el extremo de permitir la existencia de un servicio telefónico llamado “línea aborto” para dar consejos de “cómo abortar de manera segura”.[/pullquote]

Parafraseando a Chesterton y su ironía inglesa, podemos decir que si uno se encuentra con un elefante en una esquina podría pensar que se escapó del zoológico; si encuentra otro en la siguiente esquina podría decir que capaz un circo esté de visita; pero si encuentra un tercero, tendería a pensar que existe un complot de elefantes.

Si bien no se podría afirmar que hay un complot en este caso, sí se puede percibir que existe un olvido sistemático por parte del Estado por defender la vida del concebido. Es bueno recordarlo precisamente cerca del 28 de diciembre, Fiesta de los Santos Inocentes.

Lo podríamos formular de otra manera: si el Estado es el garante de la Constitución, y si especialmente este Gobierno ha deseado tomar la bandera válida y loable de la inclusión social, ¿dónde quedan esas posiciones ante los ataques a la vida del concebido como persona y sujeto de derechos y a la promoción de una cultura en que se defienda la vida de todo peruano?

Hasta ahora sólo existe un preocupante silencio.

© 2013 – Andrés Tapia Arbulú para el Centro de Estudios Católicos – CEC
 
 

Andrés Tapia Arbulú

View all posts

Add comment

Deja un comentario